Correa celebra demanda internacional contra el CPCCS Transitorio

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa elogió la decisión de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana de formalizar una demanda internacional por las actuaciones de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), al prorrogar su período de actuación, y por la negativa de la Corte Constitucional (CC) de no revisar sus decisiones.

Desde su perfil de Twitter, el exmandatario recordó 171 colectivos, consejos barriales y otras agrupaciones acordaron llevar a cabo el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Dijo que no será en vano la búsqueda de justicia ante esos organismos internacionales.

“¡Por fin la sociedad civil comienza a reaccionar ante tanto abuso! A nivel internacional, las barbaridades hechas por el CPCCS transitorio y por la “Corte Constitucional”, jamás pasarán”, escribió en su cuenta en la red social.

El objetivo de la demanda ante la CIDH y la ONU es defender la participación ciudadana y el control social en Ecuador, que son un derecho establecido en la Constitución.

Golpe de Estado sin precedentes del CPCCS

Los colectivos denunciantes aseguran que hubo un golpe de Estado tras la consulta popular del 4 de noviembre de 2018, que no recibió el dictamen constitucional respectivo.

“El Ecuador ha sufrido un golpe de Estado sin precedentes, el Ejecutivo a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se ha tomado 3 de las 5 funciones del Estado”, indica un documento de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana en torno al tema.

Otro reclamo es que la Corte Constitucional, supuestamente nombrada de manera inconstitucional por el CPCCS-T, el pasado 7 de mayo, “blindó” a la instancia que la designó con la medida de no revisar sus decisiones, en círculo de presunta corrupción.

“Esto viola directamente el principio de imparcialidad. La Corte Constitucional no tiene una razón jurídica para dictaminar que las decisiones del CPCCS-T no puedan ser sujetas a revisión, ya que no existen normas inamovibles, los actos de la administración pública siempre serán sujetos a ser revisados, más aún cuando estos violan flagrantemente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador”, argumenta los colectivos.

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