Este viernes se retoma la audiencia sobre Caso Sobornos 2012-2016
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, retoma este viernes la enumeración de lo que le resta de los 587 elementos de convicción que -según anunció- tiene para pedir que se llame a juicio a 22 personas en calidad de autores y dos como cómplices del delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016.
La tarde del martes último la audiencia preparatoria de juicio se suspendió luego de que Salazar enumeró 231 elementos de convicción. Este viernes se reinstala por tercer día la continuación de la audiencia que es dirigida por la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En calidad de autores la Fiscalía acusó a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas; a los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; a la asambleísta ahora independiente, Viviana Bonilla; al exlegislador de Alianza País, Christian Viteri, y a doce empresarios más.
Solo María Augusta Enríquez y Yamil Massuh, ambos exfuncionarios públicos, fueron acusados por Fiscalía de cómplices.
Hasta el momento han sido enumerados como elementos de convicción pericias informáticas a archivos y correos, informes técnicos de audio y video, materialización de información, memorandos de instituciones públicas, análisis financieros, versiones de proveedores y procesados, oficios de la Presidencia de la República, informes ejecutivos de la UAFE, peritajes de contratos de obras públicas…
Según Salazar, en este caso se ha evidenciado la conformación de una estructura con roles identificados, con líderes que tenían un nivel de mando en la organización y las disposiciones tenía que ser cumplidas por quienes estaban como coordinadores para el cumplimiento de los objetivos.
La fiscal general espera este viernes culminar con el total de elementos recabados y así solicitar un auto de llamamiento a la jueza «por la contundencia» con la que, dice, se ha manejado la investigación.
Salazar insiste en que se ha dado cuenta de la existencia de una «estructura criminal» conformada por funcionarios públicos como por empresarios o personas naturales privadas que tenían como objeto la entrega del dinero a cambio de ser beneficiarios de contratos.
«Se ha podido identificar un caso inusual. Generalmente se conoce que el soborno no da factura, pero en este caso se ha podido evidenciar que los sobornos se han entregado a través de la emisión de facturas. Se pagaban fiestas, cumpleaños y para vallas publicitarias, análisis, fotografías, encuestas, para pautar en medios digitales los beneficiarios eran los funcionarios públicos pero quienes pagaban por estos servicios eran los empresarios», explicó Salazar.
Fuente: El Universo