La aprobación del arbitraje internacional allana el camino para inversionistas que perciben oportunidades en Ecuador.
El 21 de abril de 2024, los ecuatorianos serán convocados a las urnas para pronunciarse sobre las 11 preguntas planteadas en la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. Además, deberán decidir sobre temas de enmienda constitucional, como la extradición, el papel de las Fuerzas Armadas, el trabajo por horas y el arbitraje internacional, entre otros aspectos.
En Ecuador, según lo establecido en el artículo 422 de la Constitución de Montecristi, está prohibido suscribir convenios internacionales de inversión y resolver conflictos mediante arbitraje internacional.
Esta interrogante se considera una de las más complejas y corre el riesgo de no ser aprobada.
“Estaríamos dotando de seguridad jurídica que es lo primero que busca una empresa internacional o multinacional en un país», apuntó al señalar que así podrá registrarse “mayor inversión, mayor dinamismo económico, más plazas de empleo”.